El conflicto al interior de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) parece haber escalado a nivel nacional, a siete meses de la ocupación policial de la institución que ha impedido el desarrollo de actividades académicas, administrativas, deportivas, científicas, artísticas y culturales.
Tras una publicación en la revista Proceso, que devela los supuestos intereses del gobierno del estado en los activos financieros de la Fundación Mary Street Jenkins, este lunes se emitió un desplegado que corrió como pólvora.
Cerca de 300 trabajadores académicos y administrativos de la UDLAP desconocieron al excandidato presidencial fallido, Armando Ríos Piter, como rector de la institución, y al patronato “espurio” como las autoridades máximas de la UDLAP.
A través de la misiva, dirigida a la sociedad en general, la comunidad universitaria afirma que hasta el momento no existe ningún tipo de diálogo o acercamiento con los representantes del patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, encabezado por Horacio Magaña, ni con el abogado Rodrigo Gurza.
Asimismo exigieron el cumplimiento inmediato de las resoluciones judiciales del Tercer Tribunal de Distrito y el exhorto por el Juez 24 de la Ciudad de México, que ordenan la restitución del campus al Patronato Legítimo encabezado por Margarita Jenkins de Landa, y su administración rectoral por parte de Cecilia Anaya Berríos.
Además, la comunidad de la UDLAP demandó al gobernador Miguel Barbosa “dejar de interferir en el cumplimiento de los ordenamientos judiciales” y se limite al ejercicio de sus capacidades constitucionales.
Finalmente, los trabajadores de la UDLAP responsabilizaron a Ríos Piter y al gobierno del estado por el deterioro y la pérdida de instalaciones y equipos que se encuentran en el campus, así como cualquier faltante en laboratorios, colección de arte, oficinas y materiales de trabajo.