El asesinato de dos sacerdotes en la sierra chihuahuense y ultraje de sus cuerpos ante la incapacidad del estado de darle seguridad a sus ciudadanos preocupa, más aún por el hecho de que el estado se encuentre en huelga de brazos caídos, aunado a la incapacidad presidencial de ver la violenta realidad que sus ciudadanos viven día con día, no sorprendería que ciudadanos en los próximos meses o años entren en una fase de anarquía sincrónica, donde hasta disputas mínimas sean resueltas por medio de la violencia.
Desde Palacio Nacional se han resignado a reconocer que su estrategia de abrazos ha fallado y el estado mexicano está perdiendo el monopolio de la fuerza en varias regiones del país ante las redes político-criminales que han aprovechado de la tibieza, pobreza, e inacción de la estrategia obradorista de seguridad, con el fin de monopolizar la violencia y los territorios bajo su control para obtener ganancias producto de los mercados ilícitos. Esto no solamente ha potenciado la violencia en contra de los ciudadanos en los territorios ocupados, también ha hecho tambalear a las autoridades locales y regionales, que se ven envueltas en el dilema de “copelas o cuello”, situación que se suma a las órdenes presidenciales a sus fuerzas de no intervenir ante el acoso criminal que sufren estos territorios.
Desafortunadamente, el tema de la violencia en nuestro país empieza a volverse una bola de nieve, que empieza a permear a todos los sectores de la sociedad. Es hoy que vemos más comúnmente que las disputas y conflictos, por mínimos e insignificantes que sean, empiezan a resolverse por medio de la violencia, no hace falta salir de los núcleos urbanos para verlo. Tan sólo con estar cerca de un incidente automovilístico donde los ánimos se calienten, la violencia se hace presente ante la ausencia del estado y la impunidad rampante que recorre los pasillos de las fiscalías y de los juzgados.
Ante la incapacidad presidencial y del estado de lidiar con los problemas estructurales que los redes de colusión entre el estado, la política y las organizaciones criminales han explotado con el fin de mantener ese manto de impunidad que les proporciona el estado, existe una probabilidad grande de que sean aún más los ciudadanos que opten por medios violentos para defenderse a ellos, a sus familias y sus propiedades, de los criminales, pero también como medio para resolver sus disputas ante la cada vez más tardada e ineficiente impartición de justicia en nuestro país.
El presidente hoy se encuentra una posición incómoda, si quiere empezar a resolver el problema de violencia en nuestro país tiene que reconocer que su estrategia ha fallado; sin embargo, su orgullo y la aprobación a su gestión se lo impiden porque se caería su pirámide de cartas dada a que la mayor parte de sus promesas no las cumplirá. Todo indica que el presidente ha optado por dejar que la siguiente administración resuelva el desastre de la violencia criminal y dejar que el estado fallido se profundice en nuestro país.