La UPAEP, a través de las Facultades de Derecho y de Ciencia Política y Gobierno, analizó a fondo la recientemente aprobada Ley de Ciberseguridad en Puebla.
En el encuentro participaron el Dr. Fernando Méndez Sánchez, Director de la Facultad de Derecho, y el Mtro. Juan Carlos Espina Von Roehrich, Director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, quienes coincidieron en que, si bien la ley tiene elementos valiosos, también presenta deficiencias que podrían traducirse en violaciones a derechos fundamentales.
Los académicos coincidieron en que la ley, tal como está redactada, pone en riesgo la libertad de expresión, especialmente hacia figuras públicas y autoridades.
“Es necesario que se establezca claramente que las autoridades no pueden ser sujetos pasivos del delito de ciberasedio, salvo en casos de amenazas o violencia explícita”, sostuvo Juan Carlos Espina.
Lo rescatable: cultura digital y protección de menores.
Pese a las críticas, los especialistas de la UPAEP reconocieron aspectos positivos de la legislación de Ciberseguridad en Puebla.
“Se valora el esfuerzo por proteger la salud emocional y dignidad de las personas en el entorno digital, así como por fomentar una cultura de respeto y convivencia en redes sociales”, señaló Fernando Méndez.
También reconocieron la intención de brindar protección especial a los menores, quienes muchas veces han estado desprotegidos frente a ataques digitales.
Fernando Méndez también advirtió sobre un aspecto técnico fundamental: la extraterritorialidad. En un entorno digital global, no se precisa si el delito puede perseguirse cuando la conducta proviene de fuera del estado o incluso del país. Esto debilita la aplicabilidad real de la norma y genera inseguridad jurídica.
Además, Méndez Sánchez enfatizó que el artículo presume automáticamente el daño en menores de edad, lo que puede transgredir el principio constitucional de presunción de inocencia.
Por su parte, Juan Carlos Espina centró su análisis en las deficiencias del proceso legislativo. Lamentó que no se haya realizado una consulta pública previa ni foros con especialistas, periodistas, académicos o representantes de la sociedad civil.