México, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, es el país sin guerra más mortífero para ejercer el periodismo Za Pravda (por la verdad). La organización Artículo 19 afirma que durante la administración actual del morenista Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados al menos 47 periodistas, el mismo número de homicidios de comunicadores que en el gobierno de Enrique Peña Nieto y uno menos que en el sexenio de Felipe Calderón.
En 2022, México reportó el mayor número de periodistas asesinados en el mundo. Once casos en un solo año, superando incluso a zonas en guerra activa como Ucrania y Siria. En el periodo del 1° de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, se registraron 3 mil 408 agresiones contra la prensa. Esto equivale a un promedio de 1 agresión cada 14 horas.
En nuestro país el periodismo auténtico, honrado, seguro y justo, está subordinado por dos circunstancias muy importantes: la robustez que el crimen organizado ha tomado en nuestro país y el desbordamiento de la corrupción en nuestro sistema político.
Lamentablemente, el principal injuriador del gremio periodístico es ni más ni menos que el presidente de la república, quien ha utilizado su conferencia de prensa matutina denominada “Mañaneras” para exhibir datos personales, lanzar amenazas y desprestigiar a la prensa crítica.
“No hemos tenido asesinatos de periodistas”
El episodio más reciente fue este 5 de septiembre, cuando aseguró que su gobierno no ha tenido asesinatos a periodistas: “No hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado, ni de políticos; o sea, no hubo en la campaña un asunto como el de Colosio, Ruiz Massieu, no se asesinó a un cardenal, no hubo dos accidentes de dos secretarios de gobernación”. Esto justo un día después de que se reportara que el cuerpo del periodista Enrique Hernández Avilez se halló en una fosa común.
Su gobierno creó un caldo de cultivo para las agresiones y ataques contínuos al periodismo, desde el hackeo a la base de datos de los periodistas que acuden a sus mañaneras, hasta las filípicas y descalificaciones cotidianos a los comunicadores.
Una de las leyes generales que tiene el periodismo es que, para ser construido, el periodista necesita tener acceso a documentos e información gubernamental; por lo tanto, esto convierte a la transparencia en una necesidad primaria para su desarrollo. Y en un escenario como este, investigar e informar sobre la corrupción, el narcotráfico, desplazamiento forzado, compra y venta de votos, y un largo, largo etcétera; se transforma en una muerte anunciada o en motivo para que los familiares sufran amenazas, ataques o algo más.
Defender la libertad de expresión significa ponerse una soga al cuello
La violencia, la presión política y su influencia en la difusión de la desinformación; así como la concentración de la influencia de los medios de comunicación en unas cuantas manos; y un poder judicial subyugado por la propuesta de reforma prácticamente aprobada gracias a la mayoría calificada con que cuenta Morena y que paraliza la persecución de los actos criminales en contra de los periodistas; perjudican de tajo la libertad de prensa.
En nuestro país, ejercer y defender la libertad de expresión significa ponerse una soga al cuello. Los trabajos periodísticos que exponen contenido incómodo para el gobierno, para el narcotráfico (o para ambos), recibe amenazas. En el mejor de los casos huyen a otro país y en los peores, son víctimas de desaparición forzada o asesinato.
La única herramienta de política pública existente para protegernos es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, la austeridad republicada eliminó el Fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (fideicomiso 10232), en el que alrededor de 1304 personas estaban protegidas y que quedaron expuestas ante la violencia.
Informadores mueren prematuramente a causa de su trabajo
Un estudio del Comité para la Protección de Periodistas informa que la mayoría de los informadores que mueren prematuramente, es a causa de su trabajo. Unos mueren asesinados; otros fallecen en espacios peligrosos.
Y, por si fuera poco, el Centro Nacional de Comunicación Social afirma que las agresiones perpetradas contra los periodistas no siempre tienen origen en el crimen organizado. Algunos de esos ataques los organizaron funcionarios públicos y militantes de partidos políticos.
Las autoridades mexicanas son débiles en sus políticas de seguridad, lo que ha permitido que los grupos criminales tomen posesión total sobre algunas regiones del país.
Ejemplo de esto es el caso del Diario de Ciudad Juárez, donde tras el asesinato de dos de sus corresponsales, publicó una carta dirigida a los narcotraficantes de la región en la que preguntaba cuál era la línea editorial que debían seguir para librarse de la violencia.
“La labor de redacción debe ser parte de la causa común del proletariado, debe ser la rueda y el tronillo de un único y grandioso mecanismo socialdemócrata, puesto en movimiento por el conjunto de la vanguardia políticamente consciente de toda la clase obrera. La labor de redacción debe transformarse en parte integrante del trabajo organizado, planificado y cohesionado del Partido socialdemócrata. (…) Queremos crear, y crearemos, una prensa libre, no sólo de la policía, sino también del yugo del capital, exenta de profesioinalismo, más aún, liberada del individualismo anárquico burgués”, Lenin en 1914, artículo “Nuestras tareas”, y es así como la sociedad mexicana debe concebir al ejercicio periodístico; lanzarse en contra de las políticas que le han puesto precio a la cabeza de los periodistas, y proteger al gremio, Za Pravda.
Silvanna Mortera