En Puebla, como en el país, se mata a mujeres con total impunidad. El feminicidio de Cecilia Monzón es la gota que derrama el vaso.
El hecho provoca la movilización femenina nacional y pone a la entidad poblana en el ojo del huracán, por enémisa vez.
El artero feminicidio de Cecilia Monzón -perpetrado por dos sicarios en motocicleta a plena luz del día en el municipio de San Pedro Cholula – se suma al paro nacional que demanda la defensa de los derechos de las mujeres y la revelación de 100 mil personas desaparecidas en México desde 1964, desde que empezó el conteo.
El caso de Cecilia Monzón cimbró la opinión pública: la abogada de las mujeres fue asesinada con total impunidad. Su feminicidio es alarmante por todas las aristas. Su pérdida es irreparable para su familia, amigos y también para aquellas mujeres que defendía.
El gobierno de Puebla, y de México, está rebasado en esta crisis de seguridad y de protección a las mujeres.
El 2021 fue el año con más feminicidios en el país, al registrar 1,004 casos ocurridos en plena pandemia por Covid-19; del total, 59 expedientes correspondieron a Puebla, según el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla.
El feminicidio de Cecilia Monzón no debe quedar impune. Tampoco se debe permitir que la Fiscalía General del Estado (FGE) argumente “un asalto” o “un robo de celular”.
Las autoridades poblanas deben investigar y aplicar todo el peso de la ley para dar con los responsables intelectuales y materiales del artero crimen. Y si no pueden, que renuncien.
Mientras tanto, tiemblen. Tiemblen porque la lucha de Cecilia Monzón se acaba de convertir, también, en la lucha de las mujeres en el país: ¡Justicia para Cecilia!, y ¡Justicia para todas!