Ayer en este espacio se consignó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –CNDH- “admitió una queja del Auditor –suspendido- Francisco Romero Serrano y que había notificado al Gobierno del Estado medidas cautelares”.
Además, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos, “instruyó al Ministerio Público Federal para que realice una investigación de manera independiente, imparcial y minuciosa respecto a las manifestaciones de tortura expuestas por el Auditor Romero Serrano”.
Que el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal otorgó una suspensión de Plano contra actos de tortura a favor del Auditor Superior, lo que vincula al Gobernador de Puebla. Mientras uno de los pares del Juez dictó una suspensión para que no sea detenido”.
En otro amparo, la pareja del Auditor por sí y en representación de su hijo, obtuvo en el amparo 116/2022 una suspensión decretada por el Juez Federal, José Julián Fierro Blanco, a efecto de que no sea obligada a privarla de manera parcial o total de la guarda, custodia, retención o cualquier situación que afecte al menor a no estar con su madre”, termina la cita.
DESPACHO DE GIL ZUARTH, EN LA PERSECUCIÓN AL AUDITOR DE PUEBLA
La edición de este domingo de Proceso –dio tres páginas a la nota de la periodista Gabriela Hernández– publicó:
“Luego de varios meses de intimidación mediante interpósitas personas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, logró la destitución anticipada del titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serranos. Uno de los operadores es Fernando del Villar Treviño, quien se ostenta como abogado sin serlo y trabaja en Accuracy Legal & Consulting, firma propiedad del exsenador panista Roberto Gil Zuarth.
“El afectado teme por la vida de su familia y asegura que Barbosa quiere meterlo a la cárcel”.
Agrega:
“De nueva cuenta, el despacho del panista Roberto Gil Zuarth aparece como parte de una embestida legal y policiaca lanzada por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Esta vez para destituir de manera anticipada a Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla.
“Apenas hace tres semanas Proceso (2361) reveló que Accuracy Legal & Consulting, una de las firmas propiedad del exsenador panista, fue contratada por el mandatario poblano para diseñar la estrategia legal que usó para tomar el control de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Universidad de las Américas Puebla.
“Ahora, uno de los colaboradores de Gil Zuarth, llamado Fernando del Villar Treviño, fue identificado por especialistas en tecnología de la ASE como quien elaboró un documento usado por ayuntamientos, órganos descentralizados y universidades para dilatar la entrega de informes contables al ente fiscalizador”.
En entrevista –con Proceso-, Romero Serrano refiere que “este boicot a su labor buscaba crear una vía para destituirlo –periodo concluye en noviembre de 2026-, pero que al obstruir funciones fiscalizadoras de la ASE sobre recursos públicos estatales y federales, los operadores de esta estrategia incurrieron en delitos.
“El auditor tenía lista una denuncia para presentarla ante la Fiscalía General de la República (FGR) el martes 15. En ella señalaba a la secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, y al consejero Jurídico del Ejecutivo, Carlos Palafox Galeana, de haber ordenado a los sujetos obligados que evadieran entregar informes a la ASE.
“En la misma querella acusaba a Fernando del Villar de operar este boicot. Esto acabaría por involucrar en la denuncia al despacho Accuary Legal & Consulting de Gil Zuarth, para el cual trabaja Del Villar.
“Sin embargo, un día antes de que acudiera a la FGR, el Congreso estatal anunció su suspensión temporal como auditor”.
DIFERENCIAS CON BARBOSA LAS INTERPRETÓ COMO TRAICIONES
Romero Serrano expone en la entrevista con Proceso, “que él y su familia son víctimas de una persecución política que surgió a partir de que tuvo diferencias con el Ejecutivo estatal, que fueron interpretadas como ”traiciones”.
“Para legitimar su destitución anticipada, se ha armado un entramado en el cual se ha usado al DIF, al Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado (FGE), la policía de San Andrés Cholula, al Congreso local y a los medios.
“Admite haber tenido una relación de amistad con el mandatario y que sostuvo “una buena” relación institucional.
“Relata que el distanciamiento partió del desencuentro que tuvo con el entonces líder del Congreso local, el morenista Gabriel Biestro Medinilla, uno de los hombres más cercanos a Barbosa.
“Refiere que Biestro Medinilla, actual secretario del Trabajo en el estado y quien buscó ser candidato de Morena a la alcaldía de la capital, le pidió en noviembre de 2020 que desde la ASE se “descarrilara” el proyecto de Claudia Rivera Vivanco para buscar la reelección como alcaldesa.
“El rompimiento definitivo con el gobernador Miguel Barbosa ocurrió a finales de noviembre de 2021, a partir de que Romero Serrano aceptó una recomendación que emitió la CNDH, la cual fue rechazada por Barbosa Huerta”, –como se expuso ayer en este espacio-
Por último, advierte “que teme por la seguridad e integridad de él y de su familia, además de estar seguro que el mandatario poblano no sólo quiere sacarlo de la auditoría, sino también encarcelarlo”.
Por lo anterior, vale la interrogante:
¿Persecución contra Francisco Romero Serrano será porque la Auditoría Superior de la Federación –ASF- localizó anomalías en el uso de 407 millones de pesos por parte del Gobierno de Puebla?
¿O, porque la ASF descubrió un probable daño patrimonial de 268 millones de la gestión de Miguel Barbosa Huerta y ordenó entregar documentos que aclaren el uso de 138 millones de pesos restantes?
¿Y esa pesquisa la indagaba el auditor y por ello fue suspendido?
Al tiempo.