Iniciativa en el Congreso busca penalizar la participación en carreras clandestinas en la vía pública con hasta seis años de cárcelFoto: Especial

En el Congreso de Puebla, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, María Fernanda de la Barreda Angón, presentó una iniciativa para tipificar como delito la participación en competencias de velocidad ilícitas en vía pública.

Dicha propuesta busca sancionar con hasta seis años de prisión a quienes participen u organicen carreras clandestinas.

La propuesta también contempla la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de hasta cinco años.

En el pleno, la legisladora advirtió que los arrancones representan un riesgo creciente para la ciudadanía.

Pues señaló que en los últimos años Puebla ha registrado un aumento en los casos de siniestralidad y que las multas, el corralón o las sanciones cívicas no han sido suficientes para frenar este fenómeno.

¿Qué contempla la iniciativa?

La iniciativa propone que se considere delito la participación en competencias de velocidad ilícitas en vías públicas cuando una persona, al conducir un vehículo automotor, participe en carreras, arrancones o cualquier otra modalidad de competencia de velocidad o maniobras temerarias de carácter competitivo, sin contar con la autorización expresa y por escrito de la autoridad competente, y con ello ponga en riesgo la vida, la integridad de terceros o la seguridad vial.

De aprobarse, las penas contempladas irían de dos a seis años de cárcel, acompañadas de multas económicas de 200 a 600 UMAs, equivalentes a entre 22 mil 628 y 67 mil 884 pesos.

Además de la suspensión de licencias de conducir de uno a cinco años.

Las mismas sanciones se aplicarían a quienes organicen, convoquen, promuevan, patrocinen o faciliten vehículos, recursos o bienes materiales para la realización de carreras ilícitas en vía pública.

En ese contexto, la diputada destacó que la iniciativa busca enviar un mensaje claro: “la calle es de todos y no debe convertirse en un circuito para unos pocos”.

Aseguró que la propuesta presentada en el congreso no criminaliza la pasión por los autos, sino que protege el derecho a la vida y la integridad de peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía pública.