Revocar la concesión a Agua de Puebla, bajo las condiciones actuales del Poder Judicial, sería un riesgo para el estado que le costaría 20 mil millones de pesos, aseguró el gobernador Alejandro Armenta Mier.
El gobernador @armentapuebla_, señaló que en este momento revocar la concesión a Agua de Puebla representaría un riesgo para el estado. Abrió la posibilidad que el tema se aborde después de las elecciones del Poder Judicial Federal.
— Alcance Diario – Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) May 10, 2025
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Lo anterior lo explicó durante la faena que se realizó en el Parque Niños de Puebla, luego de la solicitud de una vecina que pidió atendiera el tema de agua en el estado al señalar que las tarifas han resultado excesivas para la ciudadanía.
En entrevista, el mandatario estatal señaló que el cancelar la concesión con Agua de Puebla, sería un “suicidio” para el estado, al recordar la cancelación de un contraro que realizó la administración de Rafael Moreno Valle.
Pues explicó que durante dicha administración se canceló un contrato de construcción y concesión del Libramiento Poniente, firmado en 2009 con la empresa Melgarejo Construcciones.
Como consecuencia, la empresa presentó una denuncia, y en 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el gobierno debía indemnizar con 2 mil 200 millones de pesos.
Por lo que señaló que esa resolución se derivó de una presunta corrupción y complicidad entre el Poder Judicial Federal y la empresa, pues ahora el gobierno está obligado a pagar por una obra que nunca se ejecutó.
Cancelar una concesión en los términos en como está ahora la Suprema Corte de Justicia es un suicidio… El Poder Judicial es tan corrupto a nivel federal que se podía aliar con algunos empresarios.
Por ello, invitó a las y los ciudadanos a elegir el próximo 1 de junio a los jueces, ministros y magistrados para que se pueda defender el bien público.
Finalmente, señaló que esperan que Agua de Puebla dé cumplimiento a los acuerdos que han establecido respecto a designar a una autoridad para dar seguimiento a las inquietudes de la ciudadanía.