Hay de historias a historias.
De mitos a mitos.
Y de leyendas a leyendas.
Donde, por cierto, lo que parecería ser una leyenda, o historieta, resultó todo lo contrario, donde los intereses y disputas internas de la familia Jenkins por manejar el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins los llevó a una intensa batalla legal, con intervención de gobernantes, funcionarios y políticos.
Lucha fratricida que a punto estuvo de que emigrara de Puebla la Universidad de las Américas.
El reportaje del periódico Reforma plasma la guerra que desató Alejandro Gertz Manero, quien pese ser Fiscal General de la República y contar, en su momento, con el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Miguel Barbosa Huerta, no logró apropiarse de la Universidad de las Américas Puebla.
Cita el texto del periodista Abel Barajas:
Son pocos los casos en los que la Fiscalía General de la República se ha obstinado tanto como en el de la Fundación Mary Street Jenkins.
En 2017, Guillermo Jenkins de Landa denunció a sus hermanos, e incluso a sus padres, por el despojo de un patrimonio de 720 millones de dólares en la Fundación constituida en 1954 por su bisabuelo William O. Jenkins, uno de los hombres más ricos de México en el siglo 20.
La investigación fue archivada en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto porque la Secretaría de Hacienda notificó a la entonces Procuraduría General de la República que no halló indicios de fraude fiscal ni de lavado.
Al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la FGR de Alejandro Gertz Manero reabrió la indagatoria sin autorización de un juez y en 2021 consiguió 9 órdenes de aprehensión contra miembros de la familia Jenkins y sus abogados.
Simultáneamente, pidió las capturas de funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –IMPI- que autorizaron el uso de marca de la UDLA a la Fundación de las Américas Puebla, cuyos patronos eran los mismos de la Fundación Jenkins.
Y al final también procedió penalmente contra el ex subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y tres de sus colaboradores, porque supuestamente dictaron de manera ilegal el “carpetazo” de 2018 en favor de los Jenkins.
Todos estos casos, sin embargo, los ha ido perdiendo la Fiscalía.
Las órdenes de captura contra los Jenkins y sus abogados han sido revocadas, algunas en la última instancia judicial y otras en cuando menos dos.
En el caso de los ex funcionarios del IMPI, un juez negó las capturas.
Y, en el capítulo más reciente, el pasado 30 de junio un juez de control canceló el proceso y la investigación contra Muñoz y sus ex subordinados.
LITIGIO AÑEJO
Abunda Abel Barajas: El 25 de abril de 2011 Juan Ramos López, entonces apoderado de la Universidad de las Américas Asociación Civil –UDLA AC-, denunció ante la PGR a funcionarios del IMPI por autorizar ilegalmente a la Fundación Universidad de las Américas Puebla el uso de marca de la UDLA.
La denuncia confrontó a la UDLA AC, que en aquel momento tenía como rector a Alejandro Gertz Manero, con una fundación cuyos patronos eran los mismos de la Fundación Mery Street Jenkins.
El reclamo de Ramos era que el IMPI concedió el registro del nombre comercial “Fundación Universidad de las Américas Puebla”, cuando ya existía el registro previo de “Universidad de las Américas AC”, violando los derechos de propiedad industrial.
El registro marcario señalado de ilegal lo otorgaron a partir del 11 de marzo de 1996, según la averiguación previa.
Con este expediente nunca ocurrió nada hasta que Gertz dejó la rectoría de la UDLA AC en 2018 y llegó a la titularidad de la FGR, acompañado de su brazo derecho Juan Ramos, a quien nombraría titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales –SEDIF-
Constancias judiciales indican que el 14 de junio de 2021 la Procuraduría federal pidió la orden de aprehensión por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de Rafael Manterola Icaza, ex director de Marcas, y Esperanza Rodríguez Cisneros, ex directora Divisional de Marcas.
Aunque en este asunto también denunciaron a Jorge Amigo Castañeda, ex director del IMPI, la PGR no solicitó su captura.
En julio de 2021 el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Norte negó las capturas.
Esta historia continuará.