El asesinato de una madre buscadora es la culminación de una serie de agresiones y amenazas contra su persona por buscar a su desaparecido.
Este martes Puebla amaneció con un caso de “nota roja”: mujer baleada mientras esperaba el transporte público por la mañana en Villa Frontera.
Su nombre es Esmeralda Gallardo y buscaba desde enero de 2021 a su hija Betzabé, quien desapareció también en Villa Frontera.
Esmeralda formaba parte del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y junto con otros ciudadanos emprendió la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios.
Se sabe que había señalado a alguien como responsable de la desaparición de su hija y que había pedido medidas de protección pues había denunciado amenazas en su contra.
Aunque el Estado ahora venga a prometer todo el peso de la ley contra los asesinos, la vida de Esmeralda no regresará ni podrá hallar a su hija, a quien anhelaba volver a encontrar.
No es coincidencia que haya sido asesinada en la misma zona de Villa Frontera, donde vivía. Madres buscadoras de otros estados han confiado que sus domicilios son los lugares donde son más vulnerables, pues al estar en colectivos, a la vista de varias personas, es difícil que sean atacadas, no así cuando van de regreso solas a casa, cuando salen de casa para tratar de hacer su vida.
Víctor León, el abogado de Esmeralda Gallardo, confió por la noche que, a más de 12 horas del deceso, su cuerpo aún no había sido entregado por las autoridades. “No aceptan los documentos”, señaló al destacar las causas evidentes de su muerte: la mataron a balazos.
La desprotección del Estado reluce en los casos de desaparición forzada; desde la persona que es buscada hasta los familiares que por propios medios empeñan la vida para encontrarles.
Hasta mayo de este año, en México hay registro de más de 100 mil personas desaparecidas. Estamos hablando de más de 100 mil familias que desconocen el paradero de su padre, hermana, hijo, sobrino, etcétera, e, hipotéticamente, de 100 mil madres buscadoras.
100 mil familias mexicanas expuestas a la vulnerabilidad de ser amenazadas, violentadas y perder por homicidio a uno de sus integrantes por la falta de garantías del Estado.
Recién el 30 de agosto organizaciones internacionales recalcaron la necesidad de adoptar medidas que respondan a los riesgos y afectaciones que sufren los familiares de víctimas de desaparición forzada, además de exponer la desprotección y malos tratos de los que son objeto en México.
Ese mismo 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, asesinaron a Rosario Lilián, madre buscadora en Sinaloa, quien previamente fue privada de su libertad en su domicilio en la localidad de La Cruz, luego de regresar de una misa en honor a su hijo Fernando.
Rosario buscaba a su hijo Fernando Abixahu Ramírez Rodríguez, quien desapareció en octubre de 2019.El llamado del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CEG), del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró eco de inmediato en el lamentable homicidio pero no, hasta ahora y de verdad, en las autoridades.
Esmeralda Gallardo, Rosario Lilián, Miriam Rodríguez, Marisela Escobedo, Sandra Luz Hernández y María del Rosario Zavala Aguilar son algunas de las madres buscadoras que han sido asesinadas, pero no son las únicas. Tías, hermanas y esposas también han encontrado la muerte por el anhelo de volver a ver a sus seres queridos.
#HastaEncontrarles