Elvia tiene 23 años y ocho meses de embarazo. Vive en San Miguel Tzinacapan, en Cuetzalan. A las 11:40 de la noche empieza con dolores de parto cada cuatro minutos. Su esposo consigue la camioneta de un vecino y emprenden un trayecto de 45 minutos por terracería, bajo la neblina y sin señal celular. Cuando llegan al Hospital General de Cuetzalan, a la 1:15 de la mañana, Elvia ya presenta sangrado. La respuesta en urgencias es tajante: no hay cirujano de guardia, el ginecólogo asignado que debía viajar desde Teziutlán no llegó y tampoco hay anestesia para una cesárea. Le ofrecen dos alternativas: esperar hasta las 7 de la mañana para ver si resiste o trasladarse a Teziutlán. Como la única ambulancia disponible está fuera en otro servicio, la familia se ve obligada a pagar 2 mil 800 pesos por un taxi colectivo de madrugada para recorrer dos horas más de carretera. En Teziutlán finalmente la operan, pero antes le entregan a su esposo una lista de compras indispensables en la farmacia de enfrente: dos sueros Hartmann, un kit de cesárea, analgésicos y pañales, sumando 1,850 pesos que no llevaban consigo. Elvia sobrevive, pero su bebé nace con sufrimiento fetal por la demora. Este caso no es sólo un expediente ni un evento aislado; es la rutina diaria que retrata el colapso del sistema de salud en la Sierra Nororiental.
La tragedia en la puerta de urgencias expone la primera grieta del sistema, un choque directo contra la marginación geográfica y cultural. Para los habitantes de las comunidades nahuas y totonacas como San Miguel Tzinacapan, Yohualichan o Xiloxochico, llegar a la cabecera municipal de Cuetzalan representa horas de camino y un gasto en el transporte público. Al cruzar la puerta del centro médico, el obstáculo inicial suele ser el idioma, pues la falta de personal bilingüe y de traductores imposibilita un diagnóstico certero y atropella los derechos de los pacientes indígenas, quienes no logran comunicar con precisión sus síntomas ni entender las indicaciones médicas. Sin embargo, el obstáculo definitivo surge adentro, donde el abasto de insumos ha caído a niveles críticos y obliga a la gente a financiar de su propio bolsillo desde antibióticos hasta material de curación básico.
Esta falla no se limita a un solo municipio, sino que se propaga en cadena por toda la infraestructura regional. Concebido como un punto de contención para absorber la demanda de municipios como Zaragoza, Nauzontla y Xochitlán, el Hospital Comunitario de Zacapoaxtla ha terminado convertido en una traba más. La falta de material para laboratorio, suturas, vías para suero y anestésicos, sumada al personal incompleto en ginecología y pediatría, paraliza la eficiencia del hospital. Lo que causa una travesía interhospitalaria: el paciente que baja de la sierra llega a Zacapoaxtla a recibir una atención precaria solo para ser enviado horas después hacia Teziutlán o a la capital del estado, consumiendo los recursos económicos de sus familias y horas de vida o muerte en casos de extrema urgencia.
Al final, siendo la principal cabecera económica de la zona, el Hospital General de Teziutlán es el último eslabón de esta cadena. Hacia su área de urgencias se concentran diariamente decenas de ambulancias y vehículos particulares procedentes de Cuetzalan, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec e incluso del norte de Veracruz, desbordando su capacidad operativa al punto de atender enfermos en pasillos y sillas de espera improvisadas. Desmintiendo la falsa noción de que las cabeceras urbanas están a salvo del desabasto; sin embargo, este municipio tampoco recibe los insumos suficientes del sistema central y registra ausencias constantes de sueros vía intravenosa, insumos para diálisis, antibióticos fuertes y medicinas para el cáncer. Esta crisis que padecen los pacientes de la sierra, al llegar a Teziutlán, simplemente se vuelve más masiva y visible.
Esta dinámica convierte la promesa de la salud pública gratuita en un mito que se salda en las farmacias privadas. Ya que, ante el desabasto interno, los médicos se ven forzados a entregar recetarios que funcionan como un proceso obligatorio para atender a los enfermos. La lista no se limita a fármacos especializados, sino que exige jeringas, gasas, guantes, insulinas y analgésicos inyectables. Para una familia campesina, comprar el paquete inicial de una urgencia puede costarle entre 1,500 y 4,000 pesos en las primeras 24 horas, una cifra equivalente a semanas de trabajo de un jornalero. En municipios como Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Zoquiapan y Nauzontla, donde la pobreza multidimensional supera el 65% y la extrema ronda entre el 25% y el 35%, este desembolso constituye un gasto catastrófico. Las familias terminan reduciendo su consumo diario de alimentos —limitándolo a granos básicos— o empeñando su patrimonio para pagar la medicina, mientras que en padecimientos crónicos como la diabetes o la hipertensión, la falta de dinero provoca la interrupción del tratamiento y el pronto retorno del paciente a urgencias con complicaciones graves.
En el fondo del desabasto yace una mala organización administrativa. Pues el propio gobierno estatal ha admitido un faltante del 20% en el surtimiento de medicamentos debido a los retrasos en la compra consolidada federal a cargo de la empresa pública Birmex para el esquema IMSS-Bienestar. De los más de 2,000 tipos de medicamentos e insumos requeridos para el ciclo 2026, más del 50% de las claves quedaron desiertas al no concretarse contratos con proveedores. Aunque las cifras oficiales suelen valorar el abasto general sumando insumos de alto volumen y bajo costo como paracetamol o antisépticos, la realidad en los almacenes de la Sierra Nororiental es que la disponibilidad de claves de alta prioridad —como anestésicos, antibióticos de tercera generación, insulina NPH y antihipertensivos— cae por debajo del 40%.
Este problema material se agrava junto a un déficit estructural del personal médico. En Puebla, las autoridades de salud registran un faltante de miles de plazas sin cubrir dentro de la red del IMSS-Bienestar para alcanzar niveles óptimos de atención, siendo las Sierras Norte, Nororiental y Negra las regiones más afectadas.
A pesar de las convocatorias federales para plazas de anestesiología, ginecología y cirugía, los especialistas rechazan sistemáticamente establecerse en estos centros de alta marginación. La razón principal no es solo la distancia, sino la falta de garantías operativas: un médico se niega a asumir la responsabilidad legal de intervenir a un paciente sin laboratorios funcionales, sin tomógrafo, sin bancos de sangre y sin insumos mínimos de anestesia, prefiriendo renunciar antes que incurrir en una negligencia involuntaria provocada por la precariedad institucional.
Frente a este panorama cabe preguntarse: ¿de qué sirve anunciar infraestructura o sostener un hospital abierto si no cuenta con las medicinas ni el personal para atenderlo? Mientras la política pública priorice la infraestructura como un fin en sí mismo y no como el medio para garantizar el derecho a la salud, la Sierra Nororiental permanecerá atrapada en la misma paradoja: Hospitales en donde las puertas están abiertas, pero la atención médica sigue cerrada.
Por: Raúl Ríos