En caso de existir consenso entre las y los diputados y la sociedad, el Congreso del Estado de Puebla impulsará la creación de una nueva legislación en materia de ciberasedio.
📢Luego de que la #SCJN declaró inválido el delito de ciberasedio en el artículo 480 del Código Penal de Puebla, el presidente del @CongresoPue, Pavel Gaspar, informó que ya trabajan en el tema😮👀.
— Alcance Diario – Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) April 21, 2026
👉Aseguró que en caso de que se requiera una ley para proteger a la sociedad se… pic.twitter.com/SH0LJ7lbBh
Así lo informó el presidente del Poder Legislativo, Pável Gaspar Ramírez, durante conferencia de prensa este 21 de abril.
En uso de la palabra, el diputado confirmó que el tema ya se encuentra en análisis, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de ciberasedio contemplado en el artículo 480 del Código Penal del estado.
En este contexto, detalló que el Congreso inició el proceso para derogar dicha disposición, la cual ya se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Asimismo, subrayó que el Poder Legislativo acatará la resolución del máximo tribunal del país, en apego al marco constitucional y con respeto a sus determinaciones.
Sin embargo, precisó que, si existe una demanda social para contar con una nueva norma que proteja a la población frente a este tipo de conductas, el Congreso avanzará en su construcción.
Esto mediante mesas de trabajo y acuerdos entre los distintos sectores involucrados.
Por lo anterior, el diputado dejó abierta la posibilidad de elaborar en consenso una nueva ley de ciberasedio enfocada en salvaguardar a niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables ante posibles riesgos en entornos digitales.
Además, reiteró que el órgano legislativo se mantendrá abierto a propuestas ciudadanas que contribuyan a fortalecer el marco legal en esta materia.
En días recientes, la SCJN invalidó el delito de ciberasedio al considerar que presentaba ambigüedades en su redacción, lo que generaba incertidumbre jurídica.
Cabe señalar que esta disposición formó parte de una iniciativa que promovió el titular del Ejecutivo estatal.