rechazan terapia de conversionFoto: Luis Tapia/Agencia Enfoque

La Asociación de Padres de Familia de Puebla y Mujeres de Iniciativa Puebla rechazaron la propuesta de realizar terapias de conversión al considerar que es una intromisión que afecta la libertad de padres de familia.

En conferencia de prensa, los representantes de las asociaciones civiles consideran que esto podría afectar durante el apoyo de médicos, psicólogos, psiquiatras de sus hijos que necesiten acudir a terapia a someterse algún tratamiento.

Esto luego de que la propuesta establece que el artículo 228 Constitucional sancionará desde los 8 mil 643.5 pesos a los 34 mil 574 pesos a quien promueva las terapias de conversión, es decir quien intenté modificar la orientación sexual.

“SE IMPONDRÁ DE UNO A TRES AÑOS DE CÁRCEL Y DE 50 A 200 DÍAS DE SALARIO A LA PERSONA MORAL O FÍSICA QUE PROMUEVA, IMPARTA, APLIQUE, OBLIGUE O FINANCIE CUALQUIER TIPO DE TRATAMIENTO, TERAPIA, SERVICIO O PRÁCTICA, CON O SIN FINES DE LUCRO CON EL OBJETIVO DE OBSTACULIZAR, RESTRINGIR, IMPEDIR, MENOSCABAR, ANULAR O MODIFICAR LA ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO DE UNA PERSONA. ESTE DELITO SE PERSEGUIRÁ POR QUERELLA”.

Acusaron que la iniciativa es muy ambigua y no especifica sobre qué tipo de terapias, tratamientos, servicios o prácticas se refieren estas sanciones, al rechazar que esto aplique para aquellos intentos de corregir la orientación sexual e identidad de género (Ecosig).

Por ello, consideraron que este dictamen restringe las acciones sobre apoyar a los jóvenes en la orientación sexual para que logren una identidad o expresión de género.

Los llamados ecosig para corregir la orientación sexual y entidad de genero se presumen de testimonios de casos de tortura, violencia y hasta abuso sexual, así como de privación ilegal de la libertad, por lo cual condenaron enfáticamente.

Señalaron que hasta el momento no tienen conocimiento de alguna denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ni en la Comisión de Derechos Humanos, por lo que piden no se haga “una construcción de leyes que castigan delitos que no existen”.