El diputado Julio Huerta presentará una iniciativa para crear un protocolo de protección a funcionarios que se encuentren en situación de riesgo en Puebla.
📢El diputado Julio Huerta presentará una reforma a la Ley de Seguridad Pública para que se considere la protección a funcionarios que se encuentren en riesgo inminente😮🤩.
— Alcance Diario – Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) November 5, 2025
Vía: @LaloGarcia08_ pic.twitter.com/cP7G7Ds4pP
En entrevista, el legislador de Morena detalló que la propuesta consiste en crear un capítulo y un título en la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Explicó que la idea es crear un método para que las autoridades brinden protección a funcionarios que comprueben que atraviesan una situación de amenaza por tomar las riendas de la seguridad de sus municipios.
Pues consideró que en la mayoría de las demarcaciones e incluso en el estado, existe un déficit importante en el número de elementos que conforman las corporaciones policiacas.
Ya que, indicó, aunque las convocatorias de reclutamiento están abiertas de manera permanente, no hay hombres y mujeres que deseen convertirse en policías.
En este sentido, Huerta Gómez precisó que en caso de aprobarse su propuesta, la autoridad tendrá que corroborar que la amenaza es real. Al revisar aspectos como la consecución o si derivan de la toma de decisiones de un funcionario o funcionaria.
Añadió que las medidas de protección tendrían que otorgarse una vez que se confirme el riesgo inminente.
¿Qué propone la protección a funcionarios en riesgo en Puebla?
La propuesta de Julio Huerta pretende agregar apartados a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla en su título décimo relativo al otorgamiento de servicios de seguridad personal.
El proyecto establece agregar el capítulo segundo sobre la protección a funcionarios públicos, donde se establece que el Sistema Estatal de Seguridad Pública elaborará y aprobará un Protocolo Estatal de Protección a Funcionarios en Situación de Riesgo o Peligro Inminente.
Bajo la premisa de salvaguardar la integridad de las personas que, en el ejercicio de sus funciones públicas, se encuentren expuestas a amenazas, atentados o cualquier otra forma de riesgo derivado del desempeño de su cargo.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será la encargada de implementar y supervisar el protocolo. Mientras que los titulares de las alcaldías tendrán que informar sobre cualquier situación de riesgo que atraviese algún funcionario.
Una vez analizado el riesgo, según su nivel se asignarán de manera temporal de escoltas, vigilancia fija o móvil.
Así como apoyo tecnológico, resguardo de instalaciones o domicilio o cualquier otra acción que garantice su integridad.