La Tesorería Municipal informó que alrededor de seis empresas contratadas por la administración saliente del Ayuntamiento de Puebla podrían no recibir el pago correspondiente debido a incumplimiento de contratos.
Lo anterior lo dio a conocer el tesorero municipal, Héctor González Cobián, luego de la presentación del programa Incentiva Puebla.
En entrevista el tesorero municipal reveló que este mes no será posible saldar los compromisos financieros heredados por la administración anterior, encabezada por Adán Domínguez.
Detalló que algunos pagos continúan pendientes porque se han identificado inconsistencias en los contratos.
⚖️🔍 El tesorero municipal de #PueblaCapital, Héctor González, informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra funcionarios de la administración anterior, debido a irregularidades financieras.
— Alcance Diario – Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) May 28, 2025
Vía: @Abi17vega pic.twitter.com/gFnrbzx5z4
Explicó que, tras un análisis, se detectaron alrededor de seis empresas que no cumplieron con los contratos. Detalló que el monto involucrado en dichos convenios es de entre 38 y 40 millones de pesos.
Informó que ciertos casos se resolverán por la vía legal, mientras que otros seguirán un proceso administrativo.
Por lo que reveló que, tras un análisis preliminar, quedará pendiente de resolución un 20 por ciento del total de pagos heredados. Cabe mencionar que el actual ayuntamiento proyectó la liquidez total para el mes de mayo.
Presentan denuncia ante la FGE
En ese sentido, el tesorero informó que la actual administración presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra exfuncionarios de la gestión pasada por irregularidades en las finanzas.
Sin ofrecer mayores detalles, señaló que la denuncia no tiene relación con las empresas que están pendientes de pago.
Es importante mencionar que a inicios de mayo el presidente municipal, José Chedraui Budib informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra la administración saliente por la falta de documentación para solventar las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE).