Por el delito de “lavado de dinero”, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) denunció al auditor superior suspendido, Francisco N., por lo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta se desmarcó de su detención.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal refirió que su gobierno no fue el responsable de la denuncia que existe en contra del servidor público, ya que su orden de aprehensión derivó de una investigación iniciada por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“EN EL CASO DEL AUDITOR, NO FUEL EL GOBIERNO DEL ESTADO, ES UNA INDAGATORIA QUE PROVIENE ORIGINALMENTE POR INVESTIGACIONES DE LA UIF, ASÍ QUE NO, NO FUE EL GOBIERNO DEL ESTADO (…) EL PODER EJECUTIVO NO HA PRESENTADO NINGUNA DENUNCIA EN CONTRA DEL AUDITOR”, SEÑALÓ BARBOSA HUERTA, DESMARCÁNDOSE DE LA DENUNCIA PENAL.
Fue el pasado viernes 25 de febrero, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendieron a Francisco N por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado de dinero”.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 400 del Código Penal Federal, el auditor suspendido podría ser sancionado con hasta 15 años de prisión y poco más de 481 mil pesos en caso de ser declarado culpable.
Francisco N está en penal de San Miguel
Francisco N., ingresó el sábado pasado al penal de San Miguel, luego de que en audiencia se le imputara el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal de Puebla, el ministerio público expuso los datos de prueba a fin de pedirle al juez que lo vinculara a proceso.
Sin embargo, el detenido pidió que se le duplicara el término legal de 144 horas para que se determine en otra audiencia si se vincula a proceso o no.
El juez determinó como medida cautelar la prisión preventiva necesaria o justificada, por lo que tras concluir la audiencia fue enviado a prisión.
Con información de Norma Herrera