El desalojo de integrantes de los Pueblos Unidos de la planta Bonafont del municipio de Juan C Bonilla, corresponde a un ordenamiento judicial, informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Durante su conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acompañó la diligencia, descartando que se tratara de un operativo ordenado desde el poder ejecutivo.
“Se llevó a cabo una diligencia judicial, no ordenada por el ejecutivo. Lo que sigue es que a empresa reestablezca sus funciones… Tiene que prevalecer el cumplimiento de la ley”, dijo Miguel Barbosa.
Esto a más de 10 meses de que fuera tomada la planta ubicada en el municipio Juan C Bonilla, donde pobladores acusaron a la embotelladora de la sobre explotación de pozos, lo que provocó el socavón en las inmediaciones del municipio y desabasto de agua en la zona.
El gobernador enfatizó que la comunidad y la empresa deberán establecer un diálogo, del que formara parte el gobierno del estado para garantizar la legalidad y la aplicación de los derechos humanos.