En 2017, Martha Isabel Pasquel, de 62 años, invirtió su patrimonio y ahorros en la empresa AE Capital, con la esperanza de obtener rendimientos por 1.6 millones de pesos… Sin embargo, en 2020 se enteró de que había caído en un fraude y perdido todo su dinero.
No obstante, al igual que Martha más de 2 mil personas perdieron sus recursos con dicha empresa. El 40% son adultos mayores ya jubilados y este martes Martha acudió junto con un grupo de afectados a Casa Aguayo para solicitar una audiencia con el mandatario estatal y resolver el proceso legal.
En entrevista con Alcance Diario, relató que radica en la CDMX, lugar donde una “amiga” del gimnasio le presentó a su sobrino, Héctor G, quien era asesor y director de vinculación de dicha empresa. Este personaje la convenció de invertir su capital por seis meses y después por un año, prometiéndole intereses mensuales.
“Nunca me imaginé que me iba a quedar sin patrimonio para mi vejez y la de mi hermano. Empecé depositando 200 mil pesos y después lo que era la casa de mis padres… Con esto me decía que llevaba casi 4 millones de pesos, los cuales nunca vi porque me la pasé reinvirtiendo, pero nunca hubo la intención de darnos nada”.
Sin embargo, hace un año inició su proceso legal contra la empresa, representantes legales e “integrantes de la familia Berlín Tolentino y Ortega Vázquez”, señalados como los autores del fraude, cometido a varias personas en todo el país.
TERMINAN EN EL HOSPITAL
Otro de los defraudados, Jorge Pérez Galicia, estuvo hospitalizado en la CDMX por complicaciones de salud que se agudizaron tras sufrir un alto nivel de estrés ante el conflicto que enfrentan, en el que sigue sin obtener una respuesta.
Por ello, solicitó al mandatario estatal que atienda a las personas afectadas. A él le prometieron ingresos hasta por 2.5 millones de pesos, pues “invirtió” los ahorros de su vida “porque era buen rendimiento para poder complementar lo de la pensión, mi rendimiento era del 3.3% sobre mi capital invertido”.
AUTORIDADES, SIN RESPUESTA
Por su parte, Eliana Bonilla Carmona, representante legal de los demandantes, explicó que desde hace dos años iniciaron con el proceso legal, sin que tengan respuesta certera a pesar de haber presentado escritos ante diversas autoridades.
“Hemos tocado puertas, incluso nos manifestamos de forma pacífica, aunque sin respuesta alguna. Siendo Puebla cuna de fraudes que históricamente se han realizado en agravio de miles de personas, en Puebla no pasa nada”.
El grupo de afectados esperará a que el gobierno del estado de Puebla pueda agilizar el proceso para llegar hasta las últimas consecuencias contra los responsables de engañar a personas que les confiaron sus recursos.