El diputado Rafael Micalco consideró que el uso de láseres para inhibir el robo de autopartes en Puebla es una buena intención ciudadana con malos resultados.
En entrevista para Los Criticones, el legislador de Acción Nacional compartió detalles sobre la iniciativa de reforma que presentó al Congreso local para dotar de herramientas legales a las autoridades para combatir este delito.
Durante su plática con Alcance Diario, comentó que el reciente caso del Lic. Láser pone en evidencia que la ciudadanía trata de acatar problemas que corresponden a las autoridades.
Ya que este personaje justificó el uso de este dispositivo apuntador para ahuyentar a delincuentes dedicados al robo de autopartes en la zona de Loma de Angelópolis.
Micalco Méndez consideró que se trata de una iniciativa ciudadana con buena intención, pero que únicamente genera alertas a la ciudadanía como en el caso de Lic Láser.
“Es una propuesta que no ayuda mucho, tiene buena intención con un mal resultado porque alarma a la gente, puede inhibir al delincuente, pero también espantar a la gente”.
Rafa Micalco propone incrementar penas por robo de autopartes en Puebla
En ese sentido, Rafael Micalco explicó a Alcance Diario el proyecto que pretende reformar el artículo 375 del Código Penal de Puebla.
Subrayó que en el último año este ilícito ha incrementado exponencialmente, lo que se podría ver reflejado en las cifras finales del año en curso.
Expuso que, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2025 se registraron mil 972 casos.
Mientras que en lo que va del año en curso, se han reportado 339, lo que indicaría que a cierre del año podría duplicar las cifras del anterior.
Por ello, la iniciativa que presentó ante el Pleno del Congreso local pretende agregar agravantes para aumentar las penas por el delito de robo de autopartes.
Estas toman en cuenta aspectos como la comisión del robo con el uso de la violencia, si hay reincidencia, si es en un estacionamiento o si se utilizan herramientas para inhibir alarmas, entre otros.
Establece que, con ellas, aumentaría una mitad más a lo que ya se contempla por el ilícito, por lo que podría alcanzar hasta diez años de prisión.
También fija multas económicas desde los 35 mil hasta los 117 mil pesos adicionales a la pena corporal.
Finalmente, llamó a la ciudadanía a denunciar si son víctimas de este tipo de situaciones, pues expuso que con ello podrían conocer las cifras reales de este ilícito.
“No toda la gente denuncia, porque no hay dinero o no quiere perder tiempo y la denuncia no es una cultura arraigada. (…) A nosotros, como legisladores, nos toca poner en las manos de la autoridad más herramientas para dictar sentencias”.