En una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Susana Pérez Cadena, responsable de los censos Agropecuarios y Económicos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), reveló que la realización del Censo Agropecuario 2022 se vio afectada por problemas de inseguridad, llegando incluso a tener que pagar derecho de piso al crimen organizado.
La funcionaria explicó que uno de los mayores desafíos que enfrentan para llevar a cabo su labor es la inseguridad, especialmente en las áreas rurales, donde la presencia del crimen organizado es más evidente.
Con el fin de garantizar la seguridad del personal encargado de realizar el censo del INEGI y proteger su integridad, se implementaron diversas estrategias, incluyendo el pago de derecho de piso y la contratación de personas conocidas por los criminales.
“Puntualmente, en algunos casos, hemos tenido que pagar para acceder a ciertas zonas, realizando pagos de cantidades pequeñas, pero necesarias para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Además, se contrató personal de la zona que conoce a fondo a la población local y que, a su vez, los conocen, para evitar problemas con personas que pudieran estar involucradas en actividades delictivas”, reveló Pérez Cadena.
La preocupación por la seguridad del equipo de censores se acentuó cuando, en el primer día de realización del censo, una persona del equipo sufrió un secuestro por el crimen organizado, permaneciendo varios días privada de su libertad.
Afortunadamente, no se reportaron otros casos similares durante el desarrollo de la tarea.