El gobernador Miguel Barbosa Huerta emitió un nuevo decreto, a dos años de haber iniciado la pandemia por Covid-19, para retirar la obligación de portar cubrebocas en espacios públicos. El anuncio provocó el desplazamiento mediático de otros temas, como el asesinato de tres personas en Coyomeapan en un evento en el que participó la Secretaría de Seguridad Pública.
La medida anunciada desde Casa Aguayo establece que el uso del cubrebocas, ícono médico para combatir la enfermedad más importante del siglo, ahor será “voluntario” para los poblanos, quienes desde hace varias semanas comenzaron a olvidarse de los protocolos sanitarios en la vuelta a sus actividades cotidianas.
El 14 de abril de 2020, el gobernador Miguel Barbosa firmó el decreto para conferir el término obligatorio al uso de cubrebocas, con la intención de disminuir los contagios por Covid-19 en la entidad y privilegiar la salud de todas y todos.
Actualmente, en Puebla las cifras de la Secretaría de Salud detallan un total de 156 mil 921 casos positivos y 17 mil 139 defunciones por el coronavirus; sin contar las horrendas olas de contagio y los millones de pesos destinados a reforzar el débil sistema de salud.
La medida anunciada por el gobernador Miguel Barbosa se entiende legalmente, pues el Estado debía quitar esa “obligatoriedad” que se impuso hace dos años. Con ello, los espacios públicos quedarían blindados, como sucede con la Feria de Puebla donde se ha evidenciado el relajamiento sanitario por parte de los asistentes y organizadores.
El anuncio emitido este jueves provocó el desplazamiento mediático de uno de los temas que han provocado una crisis en la comunicación del gobierno de Puebla: el asesinato de tres personas en Coyomeapan y las heridas en cuatro más, durante un enfrentamiento con elementos de la SSP, donde previamente se insistió en que no había víctimas fatales.
Si el gobierno de Puebla no atiende con prontitud el hartazgo ciudadano y la situación política en Coyomeapan -gobernado por el PT- se pone en riesgo la estabilidad del estado. Es necesario investigar los hechos sangrientos y llegar hasta sus últimas consecuencias.
Incluso, la Secretaría de Gobernación tendría la obligación de auxiliar a la autoridad municipal -encabezada por Rodolfo García López, esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas – quien no tiene injerencia alguna sobre sus gobernados, a fin de conciliar con los ciudadanos inconformes y los familiares de las víctimas.