Este martes los integrantes del Senado de la República, en unanimidad, recompusieron el albazo que los integrantes del Partido Morena y sus allegados intentaron dar en un madruguete mal hecho e inconstitucional en materia de la Ley General de Comunicación Social.
Es decir, con todo y las críticas, amparos colectivos y necedades de los integrantes de la Cuarta Transformación, los senadores de todos los partidos esclarecieron que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de Ciudad de México son capaces de determinar su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, conforme a los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria.
Es decir, con 92 votos a favor, los senadores aprobaron una reforma de la reforma -hecha en diciembre pasado- en la que se deroga la disposición para que las entidades federativas homologuen el límite de sus gastos, en materia de comunicación social, al 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual aprobado por sus respectivas legislaturas.
El senador del PAN, José Alfredo Botello Montes, celebró la rectificación de este tema, ya que el bloque opositor señaló, durante la discusión del denominado “Plan B” de la reforma electoral, que acotar la autoridad de municipios es inconstitucional y atenta contra el Federalismo.
Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, mencionó que no se trata de un solo error normativo, sino que todo el cuerpo legislativo en materia electoral que se aprobó es inconstitucional. Además, recordó que su bancada presentó argumentos durante todo el proceso legislativo en contra del proyecto.
A su vez, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, informó que su bancada advirtió que este tema era inconstitucional, así como otros que aún contiene la reforma electoral, por lo que indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe trabajar para corregir lo que aún falta.
El proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo último del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.