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La tarde de este martes, en una sesión fast track, el pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera. Con ello, se reconocerá al Litio como patrimonio de la Nación, por lo que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reservan en favor del pueblo de México.

La minuta, proveniente de la Cámara de Diputados, modifica los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera. El dictamen fue aprobado en lo general por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones.

En lo particular, la Asamblea rechazó las propuestas que presentaron senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 76 a favor y 45 en contra.

Durante la discusión del proyecto de decreto de la Ley Minera, dos poblanos relucieron con sus posicionamientos.

El primero fue el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, quien aclaró que la iniciativa no habla de nacionalización, sino de declarar la utilidad pública en la exploración y explotación.

Ante ello, invitó a los senadores de oposición para que “pasen a la historia”, porque con el litio México puede pagar la deuda externa y salir adelante.

Más tarde, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, afirmó que la iniciativa contribuirá a impulsar el mercado emergente de litio.

La senadora -ex militante del PRI y del PT – sostuvo que el proyecto de la Ley Minera generará recursos para nuestro país; sin embargo, pidió realizar un análisis más profundo para estar a la altura de una verdadera reforma integral.

Ambas posiciones colocan a Puebla, de nueva cuenta, en el centro de la discusión de las reformas enviadas por el presidente de República, Andrés Manuel López Obrador. La primera fue la correspondiente al sector eléctrico, impulsada por Ignacio Mier Velazco; y la segunda, la minera con el apoyo el morenista Armenta Mier.

Con la reforma se declara de utilidad pública este mineral, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Dispone que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio.  

Establece que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado, a través de un organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables.   

Además, plantea que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará a dicho organismo público en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables del mineral.

También dispone que en la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del mineral y de sus cadenas de valor, será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de las y los mexicanos, así como del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.

Cabe señalar que luego de que fue aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.