Al inicio de esta semana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a los nuevos alcaldes de Puebla denunciar todas las anomalías e irregularidades encontradas durante los procesos de entrega-recepción, a fin de transparentar el ejecicio de gobernanza y cerrar el paso a la impunidad.
El llamado de Barbosa Huerta evidentemente tiene un doble efecto: afianzar la confianza en su lucha contra la corrupción en los 217 municipios de la entidad, y por otro lado, extender el control político económico en aquellas localidades con deudas heredadas, principalmente Puebla capital.
Quienes no tardaron en responder la invitación del mandatario, fueron los ediles de Puebla, Chignahuapan y por último, Zacatlán, quienes han denunciado irregularidades en la ejecución de obras, en la rendición de cuentas y hasta en la contratación ilegal de personal, lo que generaría un daño patrimonial.
El último caso fue el de Zacatlán, donde el actual edil Pepe Márquez, salió al quite para exhibir las observaciones realizadas en el proceso de entrega-recepción con el anterior ayuntamiento, encabezado por José Luis Márquez Lecona, a quien se le encontraron 586 faltas admnistrativas, por un total aproximado de 128 millones de pesos.
De acuerdo con los dictámenes, en Zacatlán se cometió daño patrimonial y desfalco a los habitantes, a través de las dirección de Administración y Obra Pública, además de adjudicaciones amañadas y hasta la compra de armamento que nunca fue entregado al área de seguridad municipal.
El expediente, que concentra anomalías de 2019 a 2021, fue enviado a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para revisar el tema y dar paso al trámite correspondiente, que podría desencadenar en sanciones administrativas y hasta cárcel.