Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) está metido hasta el cuello en el conflicto que se vive al interior de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), lo cual provoca un presunto conflicto de interés y violaciones a diversas disposiciones penales.
El periodista Ricardo Raphael -quien recientemente sostuvo un intercambio de mensajes en Twitter con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta -ventiló un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que se advierte una serie de anomalías entorno al caso.
Entre ellas destaca que Gertz Manero, y el subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Juan Ramos López, han sido juez y parte en el conflicto que rodea a la UDLAP.
Entre 2007 y 2018 el subprocurador Ramos fue apoderado la Universidad de las Américas campus CDMX (no se trata de la UDLAP, sino de otra universidad que lleva el mismo nombre en Ciudad de México).
“Ramos presentó en 2007 una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acusando al patronato de la UDLAP por el uso y la apropiación fraudulenta del nombre de la Universidad de las Américas. En la fecha referida Alejandro Gertz Manero era rector de la UDLA CDMX”, relató Ricardo Raphael.
No obstante, en marzo de 2018, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó a Ramos la titularidad del uso del nombre y el logo en disputa. Más tarde, Ramos emprendió de nuevo acciones contra la UDLAP y en contra del patronato Mary Street Jenkins (FMSJ), las cuales no prosperaron.
Inclusco, en 2018 la antigua PGR concluyó que los integrantes de la FMSJ no incurrieron en los delitos de fraude y desvíos de recursos, tal como lo denunció años antes un antiguo integrante del patronato Guillermo Jenkins de Landa.
De acuerdo con el periodista Ricardo Raphael, la UIF informó que no puede presumirse desvío de recursos, defraudación, ni evasión de impuestos cometidos por el patronato de la UDLAP y tampoco por las autoridades de la FMSJ, por lo que “no hay delitos que perseguir”.
Sin embargo Gertz Manero y Ramos López reabrieron el caso, que deriva en el conflicto que actualmente enfrenta y afecta a toda la comunidad de la UDLAP, y que a la fecha suma más de 6 meses con una toma por parte de la Policía Estatal de Puebla.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya estudia el caso, a fin de determinar la constitucionalidad o las graves violaciones a la ley por parte de Gertz Manero y Ramos López, junto al cúmulo de autoridades que los han auxiliado en las acciones.