Tras los señalamientos y acusaciones mediáticas por el comportamiento deshonesto y delincuencial de dos de sus militantes, y principales promotores al voto en Puebla, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó una débil defensa que deja entrever la complicidad y omisión por parte de sus autoridades estatales.
A través de un comunicado, el PRI de Puebla se desmarcó de los personajes vinculados, hasta el momento, en presuntos actos de corrupción en contubernio con el extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco N., actualmente preso.
“Nos deslindamos de cualquier comportamiento que ponga en entredicho la honorabilidad de nuestro instituto político”, se lee en el documento de marras, que fue exhibido en su cuenta de Twitter a las 12:49 de la tarde de este 5 de abril, casi 36 horas después de que inició el vaivén político.
De acuerdo con información periodística, los priistas vinculados en presuntos actos de corrupción con el extitular de la ASE son: Javier Casique Zárate, ex dirigente estatal del PRI, exdiputado local y actual diputado federal del tricolor; así como Jonathan Collantes, exdiputado local.
El embrollo no termina ahí, pues ambos estarían comprometiendo los recursos de ediles poblanos para entregarlo a su jefe político, según los dichos emitidos por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien ya prometió una investigación al respecto.
En lugar de esculparse y deslindarse por supuestos corruptos, el PRI – que está al borde de la desaparición política – debería enfocarse en crear cuadros jóvenes, honestos y comprometidos en hacer bien las cosas.
En las últimas elecciones fue bien conocido el caso de jóvenes priistas que abandonaron al partidazo por la falta de espacios para participar en la contienda, o a quienes se les exigía un pago a cambio de obtener su candidatura. Así no se puede.