La política poblana se ha visto envuelta en graves problemas, porque los funcionarios son gente abusiva, prepotente, altanera, soberbia, caciques y no pocos verdaderos criminales. Algunos están en proceso judicial, dados sus relaciones con el crimen. Otros por ser ellos los mismos los criminales. Pero hay quienes, desde hace tiempo, delinquen con libertad completa… y parece que la justicia no se da cuenta.
Veamos los datos sobre los alcaldes poblanos. Desde mayo de 2021 hasta el mayo de este año, por lo menos 13 presidentes municipales de Puebla fueron detenidos por cometer varios delitos, como crimen organizado, posesión de drogas, posesión de dinero que no pueden comprobar y asesinatos. El número aumenta si contamos los detenidos desde el año 2018: supera los 20.
El jueves 29 de mayo fue encarcelado el último: el alcalde con licencia de San Nicolás Buenos Aires, Ramiro González Vieyra. El edil “permanecía prófugo desde el 7 de marzo, fecha en la que evadió un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales en el municipio de Tlachichuca. En ese operativo fueron capturados sus hermanos, Uruviel González Vieyra, exalcalde de Ciudad Serdán, y Giovanni González Vieyra, exedil de Tlachichuca, quienes están recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez” (e-consulta.com, 30 de mayo de 2025). Agarraron, pues, a toda su familia: puro cacique, puro presidente.
Historias de la política poblana
¿Y son los únicos? Desde luego que no. Las historias de la política poblana se tejen con las historias del crimen. El sábado 31 de mayo sentenciaron a seis años de prisión al excandidato a gobernador de Puebla del PRI (corrijo: al excandidato del entonces gobernador Mario Marín Torres), Javier López Zavala, por el delito de violencia intrafamiliar en contra de la activista Cecilia Monzón, asesinada a balazos la mañana del 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula. Dicen las noticias que este fallo podría dar paso al jucio por feminicidio de Cecilia Monzón contra López Zavala, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Marín. Sí, de ese viejo PRI que ahora está de regreso en la política.
Pero, ¡no olvidemos al góber precioso! En efecto, en abril pasado enviaron a Mario Marín Torres de regreso al penal de máxima seguridad del Altiplano. Esto, luego de que le ortogaran la prisión domiciliaria en Puebla durante 7 meses (curiosamente después de las elecciones de 2024), con un con un brazalete electrónico, sin pasaporte y bajo supervisión directa. Antes de irse a vivir a su casa, el exgóbernador ya había pasado tres años y medio en la prisión del Altiplano. Salvo su grupo político, nadie estuvo de acuerdo con la prisión domiciliaria.
Caso Lydia Cacho
Dice una nota reciente de El País: “El político ordenó arrestar ilegalmente y torturar a Lydia Cacho cuando era gobernador de Puebla, en 2005. La periodista había denunciado en su libro Los demonios del edén una red de explotación sexual infantil que involucraba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif. En una conversación de teléfono entre Nacif y Marín, filtrada a los medios, se escuchó cómo el mandatario le garantizaba la impunidad y se comprometía a darle un escarmiento a la reportera, que entonces fue arrestada por la Fiscalía de Puebla acusada de difamación. En el trayecto entre Quintana Roo, donde fue detenida, y Puebla, fue torturada y amenazada de muerte por los agentes judiciales.
“Mario Marín permaneció impune y libre durante más de una década desde que salió a la luz el caso, hasta que en 2019 Naciones Unidas exigió al Gobierno de México que juzgara a los responsables de las torturas. La justicia emprendió la búsqueda de quienes participaron en la detención de Cacho, incluido el exjefe de Policía Judicial de Puebla Adolfo Karam, y la Fiscalía General detuvo al exgobernador en 2021 en Acapulco (Guerrero). Este miércoles, el Ministerio Público ha enfatizado la trascendencia de este suceso, no solo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión, en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información”.
Alfredo Arango García
Pero el “góber precioso” no fue el único que pisó la cárcel. También lo hizo el ex secretario de Salud, Alfredo Arango García, a quien acusaron de enriquecimiento ilícito. Quedó libre un año después con el pago de una multa y en 2021 lo exoneraron administrativamente. Otro marinista detenido fue el exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor. Esto, por mal manejo de recursos públicos, sin embargo, diez meses después fue puesto en libertad. Y hay más: la lista es larga.
Pero no solo agarraron a los marinistas… también están los morenistas. El exdiputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, recibió una sentencia de 22 años de cárcel por la violación de un niño de 15 años en el 2021, cuando aún era diputado. “El menor y su familia recibieron amenazas y tuvieron que mudarse a Estados Unidos, según el despacho de abogados que contrataron. Los hechos se denunciaron en Puebla, donde el expolítico está acusado de atacar sexualmente a otros tres menores de entre 13 y 16 años” (El País, 07 de febrero de 2025).
La polítca se descompone
¿Por qué la política se une al crimen? Porque los políticos representantes de la clase adinerada que gobierna realmente a este país. Y los políticos son gente educada bajo los cánones de la clase en el poder. ‘Hay que hacer dinero cuando se está en el cargo, legal o ilegamente’. Así que se unen a los grupos criminales, les hace favores o los dejan actuar, previo pago de sus servicios.
Los mismos favores se hacen con los empresarios o con quien tenga dinero para ofrecer a cambio de favores desde el poder. En Puebla, eso abunda.
La polítca se descompone y no hay forma de que eso cambie. Mientras sigan en el poder los partidos de siempre, que son los grupos políticos de siempre. Urge, para frenar esto, cambiar a esos políticos y para eso es necesario un partido político del pueblo pobre. Esa es la tarea de los antorchistas.
Aquiles Montaño Brito